De 18.000 morosos del pago de cuotas de viviendas sociales distribuidos por toda la provincia, el IAPV intimó a 5.033 beneficiarios que en conjunto adeudan $ 59 millones. De los notificados, 627 cancelaron el total de la deuda que ascendía a $ 3.400.000 mientras que otros 1453 adjudicatarios, que adeudan cerca de $ 19.000.000, decidieron adherir a un convenio de refinanciación. Los expedientes de los restantes 2.953 adjudicatarios (el 59 % de los intimados que adeudan $ 59.000.000) que ignoraron las notificaciones terminarán en Fiscalía de Estado. “Aquellos que no se acercan al Instituto y hacen caso omiso, los enviamos a Fiscalía una vez vencido los plazos para que prosigan con la vía judicial y que se encarguen de recuperar esas viviendas que se otorgaron en algún momento”, dijo a DIARIOJUNIO el vicepresidente del IAPV, Alfredo Francolini. Resta saber que actitud tomará la Fiscalía con quienes evaden la responsabilidad de pagar por las casas en las que habitan.

Guillermo Coduri El funcionario recordó que cuando asumió la morosidad rondaba el 68 %. En consecuencia implementaron varias medidas como el descuento a los empleados públicos provinciales y la firma de convenios con los municipios para que también realicen el descuento. “Los adjudicatarios que no pagaban, ahora sí lo están haciendo”, destacó el vicepresidente.

En consecuencia, disminuyó la morosidad y la tasa de beneficiarios que abona la cuota se encuentra cerca del 40 %, entre quienes cancelan la deuda o firman los convenios de pago. “Esto no significa que estamos conformes con eso”, dijo.

El vicepresidente del IAPV manifestó que Fiscalía debe: “tratar de llegar a que se cobre la deuda”. Siguiendo esa línea, mencionó que se debería trabar un embargo sobre los beneficiarios que tienen ingresos con recibo de haberes.

Más adelante, indicó que el Instituto contempla “todas las situaciones” que puedan llegar a presentar los adjudicatarios. “Tenemos las puertas abiertas para todos”, señaló Francolini. En tal sentido, destacó que hay muchos adjudicatarios que no tienen recibo de haberes y sólo cuentan con un trabajo temporario como sustento de vida con ingresos menores. Hace poco, un changarín logró acordar una cuota módica mensual y el segundo mes pagó por dos períodos ante la duda de no tener dinero más adelante. “Esto quiere decir que la gente está entendiendo que las casas no eran para regalar”, mencionó.

La tarea está lejos de concluir. Francolini aseguró que continúa el proceso de intimaciones. “El resto está en proceso de notificación”, expresó. De hecho, ya están en marcha las notificaciones para más de 2000 beneficiarios que adeuda $ 23.000.000 a las arcas del IAPV.

Justamente, al tratarse de un sistema solidario, el incremento de la recaudación es clave para encarar más planes de viviendas. En enero pasado, al IAPV ingresaba cerca de $ $ 1.800.000 mensuales. Once meses después, la recaudación casi se ha triplicado. “Hoy estamos hablando de más de $ 5.200.000”, señaló. “Para nosotros es muy importante, tenemos muchas obras en ejecución y hay que seguir pagándolas. Necesitamos que este tenga un recupero. Si bien todos tenemos derecho de tener una vivienda digna, tenemos la obligación de pagarla”, indicó.

Sólo con garante

La regional Salto Grande abarca cinco departamentos (Concordia, Feliciano, Federal, San Salvador y Federación) pero las notificaciones sólo se efectuaron en Concordia. Se distribuyeron cerca de 1.600 intimaciones. De ese número, cerca de 90 beneficiarios cancelaron su deuda al contado, que en conjunto sumaba alrededor de $ 1.000.000. Otros 348 adjudicatarios adhirieron voluntariamente a un plan de pagos. En total, adeudan cerca de $ 12.800.000.

Roberto Mazarello, gerente a cargo de la regional del IAPV, expresó que la convocatoria para regularizar la situación he tenido un alto acatamiento entre los adjudicatarios. “Tenemos un número muy importante de cancelación de deudas al contado y un número importante de refinanciación de adjudicatarios que se han acercado a la regional”, sostuvo.

En tal sentido, Mazarello sostuvo que todas las refinanciaciones –y en el otorgamiento de nuevas viviendas- que llevan delante desde ahora se convalidan únicamente con la presentación de un garante “sólido” para tener una certeza de cobro. “Debe tener un sueldo estable. Puede ser empleado público, de comercio, monotributista con sus tributos al día”, explicó. En definitiva, empleados del sector privado con cierto grado de antigüedad. “Salvo en los casos que sean empleados públicos que tengamos la certificación para hacer los descuentos por recibo de sueldos o en las cuenta de cobro del banco”, explicó.

Al igual que Francolini, Mazarello recalcó que el IAPV intenta solucionar todo tipo de situaciones económicas que pueden presentar los adjudicatarios como, por ejemplo, aquellos que trabajan sin estar registrados. “Vemos que cuota puede pagar”, indicó. Para los jubilados hay una consideración especial en sus cuotas. “Lo importante es que todo el mundo se acerque”, señaló.

En esa línea, indicó que la intención es estirar los plazos todo lo posible para evitar que el expediente llegue al terreno judicial. Las notas de intimación tienen fecha de vencimiento pero aclaró que hay flexibilidad para pedidos especiales de parte de quienes quieren cancelar la deuda o necesitan conseguir un garante para acogerse a un plan de pagos. “Se les da unos días más para solucionar el tema”, dijo.

Pero aquellos que no dan señales de vida en el IAPV, el expediente sigue su derrotero que finaliza invariablemente en Fiscalía. “Es la que va a implementar las medidas que crea pertinentes para el cobro de esa vivienda”, explicó. Esa repartición tiene poder como para trabar un embargo sobre el sueldo del beneficiario o sobre la vivienda en sí para evitar que la pueda vender. DIARIOJUNIO intentó dialogar con el titular de la Fiscalía, Julio Rodríguez Signes, para saber si estaba en sus planes recuperar viviendas para otorgarlas a otras familias pero no pudo localizarlo. No obstante, una fuente de Fiscalía señaló esta mañana que ya se presentaron familias interesadas en casas cuyos moradores sean desalojados por falta de pago.

Mazarello sostuvo que la prioridad es avanzar en los casos en que la capacidad económica familiar es inequívocamente capaz de afrontar el pago de una cuota. “Aquellos beneficiarios que estamos más que convencidos que pueden pagar y llevar su cuota al día y que por diferentes motivos no han podido o querido. Cada uno sabe en su conciencia por que no ha regularizado la deuda”, manifestó.

En otro párrafo, el titular de la Regional Salto Grande señaló que los costos de las cuotas son muy inferiores a los alquileres que ofrece el mercado. Por ejemplo, una cuota promedio del Instituto ronda los $ 500 mientras que el alquiler de una casa con las mismas características está entre $ 1500 y $ 1800. “O sea que por un tercio de lo que se alquila, uno puede pagar la cuota”, graficó.

En tanto, en el IAPV establecen una relación entre la cuota de la vivienda y el ingreso familiar. “A nosotros nos está dando entre un 10 % y un 15 %. En consecuencia, vemos que queda claro que lo que estamos reclamando es acorde al bolsillo de cada uno de nuestros adjudicatarios”, precisó.

Fuente: https://diariojunio.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=52704