URUGUAY:
Entre morosos y exonerados
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Caras y Caretas /
El
Impuesto de Primaria recauda casi 1.500 millones de pesos anuales (unos 68 mil
dólares). La morosidad, en noviembre del año pasado, ascendía a 1.400 millones
de pesos, el equivalente a la recaudación de casi un año del impuesto, según la
gerenta del área en Primaria, Gabriela Silva. Obviamente, esa cifra no incluye a
los productores rurales ni a una cantidad grande de exenciones. Primaria no
fiscaliza. Un par de manos cuenta con más dedos que primaria con abogados y
funcionarios en Jurídica. Como no se exige declaración jurada y prescribe a los
cinco años, muchos no pagan el Impuesto el, sólo lo regularizan en oportunidad
de vender algo o de hipotecar, lo que significa que pueden pasar diez años sin
pagarlo. Como nadie embarga ni hace gestiones, no pasa nada.
En 2013 se recaudó poco. En pesos constantes, fue la primera vez, en los últimos
años, que la recaudación cayó 1,1%. En 2013 se recaudaron 16.344.149 pesos menos
que en 2012. El sector rural podría haber aportado trece millones de dólares,
pero los propietarios no lo entendieron conveniente. Es más: muchos descuentan
el impuesto que pagan. Eso sucede tanto con los rurales como con las empresas
urbanas que pagan el Impuesto de Primaria, como, por ejemplo, las del
transporte.
Por esa razón, el Consejo de Primaria ha recortado entre 20% y 30% en
alimentación para este año, según pudo saber Caras y Caretas . De los 130
millones de pesos destinados a comprar leche, se recortaron 30 millones; y de
los algo más de 800 millones de pesos destinados a alimentación, se recortaron
unos 160 millones. El problema es mayor aun si se considera que este año hay
veinte escuelas más de tiempo completo o extendido y que aumentó el número de
jardines de tres años y de tiempo completo.
Primero era para financiar a Primaria
El producido del impuesto se destinará a financiar los créditos presupuestales
de gastos e inversiones del Consejo de Educación Primaria, según rezaba el
artículo 645 de la ley 15.809 de Presupuesto Nacional, de 1986, promulgada
durante el gobierno de Julio María Sanguinetti. El artículo 636 establecía un
impuesto anual que gravaría a las propiedades inmuebles urbanas, suburbanas, y
rurales.
El impuesto ya había existido antes, pero la dictadura lo derogó. Fue creado a
fines del siglo XIX con el fin de atender "los gastos que demanda el presupuesto
de instrucción pública". Después, los objetivos se volvieron más modestos.
En 1996, durante el segundo mandato de Sanguinetti, la Ley de Presupuesto
Nacional modificó el Impuesto de Primaria y se eliminaron los padrones rurales,
aunque se estableció que "el Poder Ejecutivo transferirá de la recaudación del
Imeba [Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios] e IRA [Impuesto a la
Renta Agropecuaria, ahora IRAE] al Consejo de Educación Primaria igual importe,
a valores constantes, al recaudado en 1994 por los inmuebles rurales”.
Los gremios rurales se quejan porque, según ellos, el agro paga impuestos a
Primaria. Aducen que en 2013 aportaron siete millones de dólares través del
Imeba, impuesto que se paga cuando los inmuebles se venden. Pero los impuestos
en general, salvo el Impuesto al Patrimonio, se descuentan como gastos a los
efectos de calcular las ganancias netas sobre las que se aplica el 25 por ciento
del Impuesto a la Renta a las actividades económicas. Si no fuera así, el
Impuesto de Primaria estaría gravado por el IRAE, lo que supondría una doble
imposición de renta.
El Imeba había sido suspendido en 1988 a tasa cero; no se pagaba más. La Ley de
Presupuesto del segundo gobierno de Sanguinetti instauró el IRA y el Imeba. Los
productores tenían la opción de tributar un impuesto u otro. El 90% de los
productores optaron por el Imeba. Era más cómodo y no exigía llevar
contabilidades. El Imeba pasó de tener tasas del orden del 1,5% a tasas del
2.5%, y se eliminó el Impuesto de Primaria para los rurales.
Según la normativa actual, como decíamos más arriba, el Poder Ejecutivo debe
transferir de la recaudación del Imeba y del IRAE al Consejo de Educación
Primaria "igual importe a valores constantes al recaudado en 1994 por los
inmuebles rurales". El contador Federico Camy, experto en derecho tributario,
dijo al programa Tiempo de cambio , de Radio Rural, que, por lógica, desde 1994
no han variado las extensiones de tierra y el Impuesto de Primaria se basa en
valores catastrales, lo que significa que si la ley no se cambia, la recaudación
se mantendría según los términos de 1994.
El director de la Dirección General Impositiva (DGI), Pablo Ferreri, ha dicho
que si los productores rurales pagaran el Impuesto de Primaria aportarían veinte
millones de dólares, no siete millones, como el año pasado. Es un error creer
que el agro no paga el Impuesto de Primaria desde la crisis financiera de 2002:
en realidad, no lo paga desde 1996.
Desde hace años, el Impuesto de Primaria no financia el presupuesto de gastos e
inversiones del Consejo de Educación Primaria, sino que mayoritariamente se
destina a la alimentación y a la compra de útiles y otros artículos, con lo que
beneficia a 250 mil alumnos de escuelas públicas de todo el país.
En 2012, el Impuesto de Primaria recaudó 1.494.108,612 pesos, de los que el
68.6% se destinó a la alimentación escolar, el 10,8% a gastos operativos, el
8,6% fue transferido a comisiones de fomento, el 6,4% al transporte escolar, el
2,8% a la limpieza de las escuelas, el 1,7% a materiales escolares y el 0,12% a
reparaciones y equipamiento de las escuelas.
Tabaré tiró la bomba
En el acto del Frente Amplio del 17 de febrero, Tabaré Vázquez dijo en San Luis:
"Cómo no vamos a hablar de educación. Tengo tantas cosas para decir… Quieren
Lola. Van a tener Lola". Días después, el 26 de febrero, en el acto de Playa
Pascual, Vázquez subió la apuesta: propuso restablecer el Impuesto de Primaria a
los grandes productores agropecuarios. Dijo: "Que el impuesto para las escuelas
públicas lo paguen todos los uruguayos, también los poderosos estancieros que
hoy no lo pagan".
Las respuestas resonaron desde las gremiales agropecuarias hasta la oposición
política contra Vázquez. Sin embargo, ninguno de quienes respondieron fue capaz
de ensayar una sencilla pregunta: ¿por qué no lo hizo usted durante su gobierno,
o el presidente Mujica durante el suyo?
Poco después, Mujica expresó su acuerdo con la iniciativa. Dijo que esta “es
importante en términos de justicia”, pero advirtió: “No le va a mover la aguja a
los ingresos de la enseñanza”. Agregó: "No se lo tendríamos que cobrar, lo
tendrían que pagar por voluntad propia".
Por su parte, el presidente de la Federación Rural del Uruguay, Carlos María
Uriarte, lamentó que Vázquez emita mensajes que “contribuyen a la desunión de
los uruguayos”. Advirtió: “No aceptamos que diga que los estancieros no quieren
aportar un pesito. Desearíamos que el país se sintiera orgulloso del agro y no
que tuviera la imagen de que en él viven ciertos estancieros que tienen más
privilegios que el resto de la población”. Sin embargo, no tomaron la iniciativa
de pagar lo que deberían haber pagado ni de hacer un aporte para Primaria.
Más lloró Julio Armand Ugón, dirigente gremial de la Sociedad Fomento Rural de
Rivera, quién sostuvo: “El campo no soporta más carga impositiva. Hoy, la renta
neta por hectárea por año se ubica en los quince dólares; esa es la plata que
nos sobra después de un año de trabajo e inversión para comprarnos una casa o ir
a Europa si se nos ocurre”. Sólo le faltó pedir unas chapas para poder comer.
Con 330 pesos por hectárea por año, nadie puede vivir.
Tercerización
Los recursos humanos de la división jurídica de Primaria son sumamente escasos.
En consecuencia, a principios de este año, la Administración Nacional de
Educación Pública anunció que contratará a una empresa especializada en
servicios de cobranza extrajudicial, para lidiar con los contribuyentes morosos
del Impuesto de Primaria en todo el territorio nacional. Se le adjudicará un
listado de cinco mil morosos de todo el país que en total adeudan 68 millones de
pesos (3,2 millones de dólares). De ellos, dos mil deben un promedio de doce mil
pesos; 1.700 alrededor de veintiún mil pesos, y 1.300 unos 36 mil pesos. Esto no
quiere decir que los morosos sean apenas cinco mil, sino que a esos se les
pretende cobrar.
La empresa adjudicataria realizará sus gestiones en un lapso de sesenta días,
prorrogables por treinta días más. Vencido el plazo, deberán devolver las deudas
recibidas con un reporte integral de la gestión. El precio del servicio será a
resultado y consistirá en un porcentaje de la suma efectivamente pagada por el
deudor, que se liquidará y facturará a mes vencido. Dicho porcentaje será
ofertado por las empresas.
La contratación estará vigente desde el inicio efectivo del servicio hasta el
término de 2014, con la posibilidad de prorrogar por un año.
Lo que no se entiende es para qué tercerizar. En el artículo 643, la ley 15.809
(que creó el impuesto en 1986) establece: "La recaudación del impuesto estará a
cargo del Consejo de Educación Primaria. Este Consejo convendrá con los
organismos que estime conveniente, la recaudación del tributo y, asimismo, la
comisión que eventualmente les corresponda por esa recaudación" (redacción dada
por el artículo 157 de la ley 16.002). Por lo tanto, el Consejo de Educación
Primaria podría convenir con la DGI la recaudación del Impuesto.
*Publicado en Caras y Caretas el 7 de marzo de 2014.
Fuente: https://entornointeligente.com/articulo/2165750/URUGUAY-Entre-morosos-y-exonerados-08032014
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