La Municipalidad de Córdoba acaba de revocarles el poder de litigar en su nombre a unos 80 de los 170 procuradores fiscales que tenía hasta el momento, y trascendió que la reducción del número de abogados continuará en los próximos días, en el marco de un replanteo general del esquema de Procuración. No se precisó cuántos quedarán, pero sí se recalcó que el cuerpo de abogados estaba “absolutamente sobredimensionado”.

Según informaron desde el Palacio 6 de Julio, la medida apunta a profesionalizar y hacer más eficiente el trabajo de ese cuerpo de letrados que debe encargarse de perseguir judicialmente a los deudores de impuestos y que en 2011 no llegó a recuperar siquiera el uno por ciento del total de la deuda judicializada.

Desde el bloque de concejales juecistas, en cambio, consideran que se trata de una maniobra con trasfondo político, que apunta a desvincular a los procuradores designados en la gestión del ex intendente Luis Juez y a concentrar la tarea de procuración en grandes estudios jurídicos.

La denuncia fue formulada por el concejal del Frente Cívico Daniel Juez, quien recalcó: “No tengo dudas de que detrás de esto está la intención de dejar la procuración en manos de tres o cuatro estudios de abogados amigos y hacer un gran negocio”.

Esa versión fue negada de plano desde el Palacio 6 de Julio. Los mestristas aseguran que la política tributaria apunta en todos los casos a fortalecer la gestión propia del municipio, tanto en el cobro de impuestos como en el recupero judicial de la deuda ya vencida.

Pablo Gener, director de Procuración Fiscal, agregó que la medida forma parte de una política general destinada a mejorar la performance municipal en el cobro de la deuda tributaria, que incluirá protocolos de trabajo muy precisos destinados a acortar los plazos de activación de nuevas causas para actuar sobre la mora temprana. Además, explicó que ya se inició un proceso de depuración del total de causas por deudas impositivas, que supera el millón de juicios.

“Hay miles de causas por deuda prescripta y otros tantos juicios contra titulares fallecidos hace años. Se trata de una inflación artificial de pleitos que complica a la Justicia y no beneficia en nada a la eficiencia de la gestión municipal de cobro”, indicó Gener, quien recalcó que “ninguna de las medidas en curso apunta a tercerizar o privatizar la gestión de cobro”, sino a que el municipio pueda ser más eficiente en la defensa de sus ingresos y a fijar reglas claras entre los contribuyentes, de modo que “a nadie le queden dudas que a los impuestos hay que pagarlos”.

El escenario. Los datos oficiales indican que la deuda en Procuración Fiscal se acerca a los 770 millones de pesos, una cifra que en el municipio consideran ficticia, ya que buena parte es incobrable.

El total de causas judiciales contra contribuyentes se acerca a 1,2 millón de pleitos, aunque la mayor parte está paralizada desde hace años. En 2011, se recuperaron apenas nueve millones de pesos, incluyendo en esa cifra los honorarios profesionales de los procuradores.

Desde el municipio también recalcaron que la potestad de nombrar o remover a los procuradores es exclusiva del Departamento Ejecutivo y aseguraron que el único criterio utilizado a la hora de dar de baja a 80 abogados es el de la eficiencia en la gestión judicial del cobro.

El plan municipal para el área de Procuración apunta a una reducción dramática de los plazos que tendrán los contribuyentes para pagar sus deudas antes de que sean judicializadas. En la actualidad, desde que se genera la mora hasta que la deuda llega a instancias judiciales pasan cerca de cuatro años. El objetivo es que ese lapso no supere los seis meses.

Los procuradores no mantienen ningún vínculo laboral con el municipio, sino que perciben honorarios en función de los montos adeudados que logran recuperar para las arcas municipales.

Trascendió que en breve también se aplicarán cambios en la metodología que se dispone para la distribución de causas entre los procuradores, y se analiza si los honorarios que se aplican a los abogados son los correctos para incentivar el recupero de deuda o si deben ser incrementados.

De 170 a 90 abogados

Reducción drástica. El municipio desvinculó a 80 de los 170 procuradores fiscales y en breve el número se reducirá aun más, aunque no se informó cuántos abogados tendrá finalmente el equipo de Procuración.

Plazos más cortos. La Dirección de Procuración avanza en nuevos protocolos de actuación para los procuradores, de modo de reducir drásticamente los plazos de judicialización de las deudas y también la declaración de insolvencia, en los casos que corresponda.

Depuración de deuda. En la actualidad hay 1,2 millón de juicios por casi 770 millones de pesos. Consideran que las cifras son ficticias, que hay miles de causas prescriptas y que la cifra recuperable es muy inferior a la que se maneja en Procuración.

4 años hasta el juicio

Es el plazo promedio que tarda la Municipalidad de Córdoba en demandar a los contribuyentes morosos desde el momento en que se origina la deuda. Pretenden reducir ese lapso a no más de seis meses.