Río Negro avanzó en demandas judiciales por cuotas adeudadas. La Fiscalía ya tramita carpetas de Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche, que llegarán a embargos. “Hay adjudicatorios que no pagaron ni una cuota”.

Por Adrián Pecollo
septiembre 10, 2019 6:00 am

Casi un 20% de adjudicatarios adeuda más de un año. El IPPV comenzó con acciones judiciales para cobrar a los morosos. (Foto: Marcelo Ochoa)

Medio millar de deudores del IPPV se constituirán en los primeros demandados -judicialmente- por el Estado rionegrino por cuotas pendientes de sus viviendas. Las acciones, que ya tramita la Fiscalía de Estado, podrán derivar en embargos, y se tratan de adjudicatarios con obligaciones acumuladas en los últimos cinco años.

El subsecretario de Legales del IPPV, Adrián Otero explicó que es “el final del camino” después de “una sucesión de intimaciones y citaciones no respondidas por los adjudicatorios”.

Esta tanda de 479 cuentas con tratamiento judicial se apartó de un “universo” de morosos con 12 o más cuotas adeudadas, que actualmente llega a los 7629 adjudicatarios.

Los deudores

7629 adjudicatarios -casi un 20% adeudan un año o más de sus obligaciones mensuales.

1417 titulares de viviendas nunca pagaron. No cumplieron ni con una sola cuota.


Un número importante -agregó Otero- “responde positivamente al llamado del IPPV” y “siempre se contemplan aquellos casos que no pueden abonar y así se deriva al tratamiento de la cartera social”.

También están quienes directamente ni se presentan y se niegan a regularizar su situación. “Hay muchos que no pagaron nunca”, resaltó. Ese número equivale a 1417 adjudicatarios. El pase a la Fiscalía de Estado “es concluir con el circuito” establecido.

Este envío a tratamiento judicial, que puede derivar en embargos en los salarios, totalizan 479 carpetas, centrados en Roca y en Cipolletti, con 148 y 142 morosos, seguidos por Bariloche y Viedma, con 97 y 92, respectivamente. Estas carpetas judiciales totalizan 26.411.536 pesos, equivale a unos 55 mil pesos de promedio por deudor.

La delimitación fijada por el IPPV consistió en que los demandados acumularán obligaciones de los últimos cinco años, con sumas superiores a los 30 mil pesos.

Siempre se contemplan aquellos casos que no pueden abonar y así se deriva al tratamiento de la cartera social".

Adrián Otero, subsecretario de Legales del IPPV.
 

Por primera vez, el Instituto habitacional de Río Negro recurre a la instancia judicial, enmarcada en la ley N° 4842, con el propósito de mejorar el cobro y el recupero, actualmente en los 120 millones anuales. Aquella norma, aprobada en junio en el 2013, habilitó al organismo para utilizar la vía judicial.

El mecanismo se completó con la resolución N° 978/17 que se establece dos citaciones administrativas iniciales para que el adjudicatario se presente a regularizar, y se plantean varias posibilidades, como un único pago, a “valor histórico”, o cancelaciones en plazos. Se prevé abonar en 6 o 12 cuotas, con una bonificación de los intereses del 50% y del 25%. La otra alternativa es consolidar la deuda “con capitalización de intereses” y se ampliará la cancelación hasta en 360 cuotas.

La resolución justifica este procedimiento por “la gran cantidad de cuentas, su antigüedad y el alto nivel de morosidad”.

El IPPV resaltó en su gacetilla que el envío de las carpetas a la Fiscalía pretende “la ejecución por deudas impagas de las cuotas de las viviendas sociales del FONAVI”, considerando que los adjudicatarios no se respondieron a las citaciones, por lo cual, “se les podrá trabar embargos, cobrar costas, honorarios de profesionales y aportes a caja forense”.

Análisis: Reacción en la carencia

Nación clausuró aportes no reintegrables para viviendas y las partidas del Fonavi se diluyen. Este año, el IPPV preveía recaudar 1.000 millones y, ajustadamente, percibirá 900 millones. Significará sólo un 25% más de lo percibido en el 2018, con una inflación del doble.

Estas remesas fueron para la conclusión de los barrios federales paralizados y para su infraestructura. Aún así, esa diluida asignación fue y será lo único disponible para barrios sociales. La provincia no asignó otros recursos, salvo la creación de Fondos para ATE y UnTER con igual destino. Dispersión política.

En la carencia, surge un obligado interés por mejorar los ingresos y se enfoca en las cuotas atrasadas. Una reacción que llega con cierta demora, pues el aval para la vía judicial está disponible desde hace seis años.