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Las aguas bajan turbias


Algunos dirigentes políticos aún creen que la canilla roja le hizo perder la elección municipal a Gonzalo Losada en noviembre de 1999, cuando Alberto Cantero rompió con la hegemonía radical sostenida desde 1983. El ex rector de la UNRC había alcanzado el 55,32 por ciento de los votos, 15 puntos por encima de Losada, una diferencia demasiado holgada para adjudicarla a una sola razón. Sin embargo, las críticas públicas a la medida de cobro impulsada por el entonces titular del EMOS, impidieron sostener el mecanismo de escrache a morosos que se negaban a pagar sus deudas. El Estado perdió la apuesta contra el imaginario colectivo que delega la tasa de agua y cloacas al último lugar de las prioridades tributarias. A ningún contribuyente le resulta cómodo abonar sus impuestos pero saben que a diferencia de la luz, el gas, el cable ó internet, la falta de pago del agua no implicará el corte del servicio.

Lo años pasan y la morosidad se extiende impunemente. En Urú Curé, algunos de sus dirigentes se preguntaban si un escueto comunicado, sin autocrítica ni pedido de disculpas, serviría para eludir las responsabilidades sociales de una entidad denunciada por una deuda de 650 mil pesos y la aparición de un caño clandestino que otorgaba un suministro de agua similar al que recibe todo el barrio Cola de Pato. El paso de los días ratificó la estrategia de silencio hermético por parte del presidente Guillermo Sona y los dirigentes del club cercanos a la ex gestión municipal de Juan Jure. En un acto de prepotencia de status social, consideraron que un módico plan de pagos sería razón suficiente para eludir los costos administrativos y judiciales en un Palacio de Tribunales que hace malabares legales para nunca investigar al poder. En este caso, el poder económico y de clase.

La defensa de la conducción del EMOS a lo actuado por el director obrero Gastón Alvarez sirvió de blindaje hacia todo el gremio. Rápidamente señalaron que la conexión clandestina pudo haber sido ejecutada “por cualquier plomero” y “no se utilizó material del ente”, en un intento por evitar que el escándalo exigiera una investigación interna y hallara eventuales culpas en algún trabajador. La resolución también produjo alivio en la ex conducción del EMOS, que busca alejarse de los daños colaterales.

Según datos oficiales del ente, hoy un 60 por ciento de riocuartenses sostiene con sus pagos a un 40 por ciento de incumplidores. El nivel de morosidad impacta en el déficit mensual de 2 millones de pesos que padece el organismo. Algunos deudores, como fue el caso de Urú Curé, tienen responsables de alto poder adquisitivo. Un caso emblemático involucró a una constructora que le cobraba el agua a los propietarios de sus departamentos pero después eludía el pago de la tasa, hasta alcanzar un atraso de 800 mil pesos.

En el 2016, el ente tenía una deuda consolidada de 220 millones de pesos. El monto se redujo a 150 millones en el 2017, según afirmó el director Víctor Núñez, a partir de una refinanciación de 70 millones de pesos. La clave sería el plan de restricción de servicios que reduce el suministro diario a 50 litros, aunque le embestida resulta insuficiente.

Entre diciembre del 2017 y enero del 2018, se efectuaron hasta 60 sanciones por mes. El 95 por ciento alcanzó a viviendas particulares y el 5 por ciento restante involucró a edificios e instituciones.

Hay 39 edificios que no tienen hecha la subdivisión en PH y aparecen en los registros del EMOS como una construcción única. La mayoría de ellos está al borde de la sanción por una deuda de 4 millones de pesos.

Como un síntoma del desinterés de los morosos a cumplir con sus responsabilidades, un 40 por ciento de las notificaciones de deuda e intimaciones de restricción emitidas entre diciembre del 2017 y enero 2018 ni siquiera tuvieron una respuesta del deudor.

Los niveles de consumo de cada usuario se estipulan por parámetros que no ligados directamente al uso real del agua. Entre los más de 65 mil contribuyentes, desde el EMOS estiman que hay instalados solo 5 mil medidores. En una ciudad proclive al derroche, hasta alcanzar en verano niveles obscenos de 600 litros por persona, un índice 12 veces superior al que sugiere la Organización Mundial de la Salud, la falta de pago de un servicio vital no surge como un motivo suficiente para la sanción social. La restricción aparece como una oportunidad que deberá encontrar mayores argumentos en el tiempo.

Deudores beneficiados por una canilla libre sostenida en complicidades políticas y sociales deberían encontrar un freno que apele a la verdadera equidad tributaria. En Río Cuarto, a muchos no les importa pagar el agua. Y a muchos otros, no les importa que no paguen.

 

Fuente: https://telediariodigital.net/2018/02/las-aguas-bajan-turbias/

 

 

 

 

 

 

 

 

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