Morosidad y crisis

El retraso en los pagos o incluso el impago de facturas entre empresas es un mal crónico de España que vuelve a la actualidad por la presión de las patronales, que se quejan, sobre todo, del sector público.

Este fenómeno tiene algunos puntos en común con otros problemas endémicos, como la economía sumergida y el alto nivel de paro. La morosidad se ha incorporado a la actividad como algo habitual, hasta el punto de que en estos momentos hay empresas que prefieren reducir su facturación y perder ciertos clientes para huir del riesgo de impago.

Al día siguiente de que los laboratorios farmacéuticos y los suministradores de tecnología dieran a conocer las escandalosas cifras de la deuda y los plazos de pago de las administraciones públicas, la Cambra de Comerç de Barcelona publicaba unas cifras muy significativas de la situación del tejido empresarial catalán.

El 45% de las empresas tuvieron que emplear parte de los beneficios acumulados en resolver este problema; el 43,4% de ellas tuvieron dificultades de liquidez y el 39,5% recurrieron a la financiación externa.

Esa es la madre del cordero. Desde hace ya algún tiempo es difícil distinguir entre quien no puede hacer frente a una factura y se ve obligado a trocear su pago, y quien utiliza el aplazamiento para financiarse a costa de los proveedores. El mecanismo es malvado porque no solo difiere tramposamente los costes de financiación a un tercero, sino que pone en apuros a la banca. Cuando las administraciones autonómicas y locales le cogieron el gusto a esta práctica dieron al traste con lo que hasta entonces había sido sagrado: los bancos empezaron a rechazar para el descuento papel de empresas con contratas de comunidades y ayuntamientos.

En el 2004 se legisló para acortar los plazos de pago; sin resultados.

En el 2010 se volvió a modificar la ley, de forma que a partir del 2013 el sector público deberá pagar a 30 días y el privado a 60. Sin embargo, las cifras de las patronales muestran que cada vez estamos más lejos de esos objetivos. La iniciativa de los grandes proveedores públicos para sellar un acuerdo que facilite el pago correcto de sus facturas es positiva. Pero es un parche porque, como ponen de relieve los datos de la Cambra, las empresas también son morosas entre ellas, y mucho. Quizá el problema no sea legislativo, sino de compromiso y rigor. Los primeros en adquirirlos deben ser los gestores públicos, pero no son los únicos.

Fuente: https://elperiodico.com/es/noticias/opinion/morosidad-crisis-1037849?goback=.gde_2377816_member_57518751