Morosidad y crisis
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exponen posturas personales.
El
retraso en los pagos o incluso el impago de facturas entre empresas es un mal
crónico de España que vuelve a la actualidad por la presión de las patronales,
que se quejan, sobre todo, del sector público.
Este fenómeno tiene algunos
puntos en común con otros problemas endémicos, como la economía sumergida y el
alto nivel de paro. La morosidad se ha incorporado a la actividad como algo
habitual, hasta el punto de que en estos momentos hay empresas que prefieren
reducir su facturación y perder ciertos clientes para huir del riesgo de impago.
Al día siguiente de que los laboratorios
farmacéuticos y los suministradores de tecnología dieran a conocer las
escandalosas cifras de la deuda y los plazos de pago de las administraciones
públicas, la Cambra de Comerç de Barcelona publicaba unas cifras muy
significativas de la situación del tejido empresarial catalán.
El 45% de las
empresas tuvieron que emplear parte de los beneficios acumulados en resolver
este problema; el 43,4% de ellas tuvieron dificultades de liquidez y el 39,5%
recurrieron a la financiación externa.
Esa es la madre del cordero. Desde hace ya
algún tiempo es difícil distinguir entre quien no puede hacer frente a una
factura y se ve obligado a trocear su pago, y quien utiliza el aplazamiento para
financiarse a costa de los proveedores. El mecanismo es malvado porque no solo
difiere tramposamente los costes de financiación a un tercero, sino que pone en
apuros a la banca. Cuando las administraciones autonómicas y locales le cogieron
el gusto a esta práctica dieron al traste con lo que hasta entonces había sido
sagrado: los bancos empezaron a rechazar para el descuento papel de empresas con
contratas de comunidades y ayuntamientos.
En el 2004 se legisló para acortar los plazos
de pago; sin resultados.
En el 2010 se volvió a modificar la ley, de forma que a
partir del 2013 el sector público deberá pagar a 30 días y el privado a 60. Sin
embargo, las cifras de las patronales muestran que cada vez estamos más lejos de
esos objetivos. La iniciativa de los grandes proveedores públicos para sellar un
acuerdo que facilite el pago correcto de sus facturas es positiva. Pero es un
parche porque, como ponen de relieve los datos de la Cambra, las empresas
también son morosas entre ellas, y mucho. Quizá el problema no sea legislativo,
sino de compromiso y rigor. Los primeros en adquirirlos deben ser los gestores
públicos, pero no son los únicos.
Fuente: https://elperiodico.com/es/noticias/opinion/morosidad-crisis-1037849?goback=.gde_2377816_member_57518751